Hace unos pocos días y todos a una, los bancos españoles anunciaban que -a pesar de la crisis y de las ayudas públicas- mantendrían sus dividendos. El gobierno respondía diciendo que "respetaba" la decisión. Una decisión que representa 8.000 millones de euros.
Sin embargo, la respetabilidad de la decisión es cuando menos, discutible. De la amplísima batería de medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, puede afirmarse que las únicas plenamente operativas hasta el momento son aquéllas relacionadas con el apoyo al sector financiero. Avales y subastas de liquidez fueron puestos en marcha, con inusitada rapidez -casi de la noche a la mañana- y en un alarde de inusual eficacia por la administración, con el fin de apoyar al sector financiero que -por cierto-, al anuncio de cada medida respondía con un displicente y público "no lo necesito" para a continuación imponer sus condiciones para aceptar las ayudas.
El gobierno justificaba ese "respeto" con el argumento de que tanto avales como inyecciones de liquidez no constituyen subvenciones. Los bancos defendían su decisión afirmando que su situación es distinta -mejor- que la de los bancos americanos y del resto de Europa.
Mientras, al Santander, que hace unos pocos meses aún alardeaba de que en 2008 alcanzaría unos beneficios de 10.000 millones de euros, le siguen estallando los problemas en pleno rostro uno tras otro. La repercusiones de Lehman Bros., Madoff, Fortis, RBS o el saneamieto de las adquisiciones realizadas durante la tormenta financiera internacional tendrán un efecto importante sobre la cuenta de resultados de la entidad. Otras entidades menos ambiciosas es probable que sufran un menor castigo, pero es casi imposible que alguna entidad española haya salido totalmente indemne de la crisis financiera.
Y queda todavía por digerir por parte del sector financiero patrio el problema de las deudas contraídas por promotoras y constructoras, que en conjunto ascienden a unos 450.000 millones de euros y que -fruto de la crisis inmobiliaria- previsiblemente acabarán suponiendo una pesada losa sobre las cuentas de resultados de bancos y cajas. Por su parte, las adversas perspectivas económicas indudablemente reducirán las posibilidades de negocio de las entidades, lastrando adicionalmente el crecimiento de sus resultados.
Por tanto, parece que una medida prudente sería eliminar o al menos reducir el dividendo y dedicar ese dinero a reservas que pudieran, en caso necesario, permitir afrontar futuros problemas de solvencia, o incrementar las posibilidades de concesión de créditos sin recurrir a fuentes externas.
Porque, incluso suponiendo que nuestro sistema financiero esté aún sano, es más que previsible que su supuesta buena salud no dure indefinidamente. Y mientras que para repartir lo que se guardó siempre hay tiempo (y que si no se reparte, cuando menos incrementa nuestra riqueza), dilapidar lo que pronto podria necesitarse no representa la opción mas conveniente.
A no ser que se cuente con la seguridad de que el dinero público acudirá cuando se necesite ; que se tenga el convencimiento de que al gobierno de turno -sea del color que sea- siempre se verá obligado a respetar uno de los principios básicos del capitalismo más liberal: "privatización de beneficios, socialización de pérdidas". O por emplear la expresión inglesa, "moral hazard" puro y duro
Sin embargo, la respetabilidad de la decisión es cuando menos, discutible. De la amplísima batería de medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, puede afirmarse que las únicas plenamente operativas hasta el momento son aquéllas relacionadas con el apoyo al sector financiero. Avales y subastas de liquidez fueron puestos en marcha, con inusitada rapidez -casi de la noche a la mañana- y en un alarde de inusual eficacia por la administración, con el fin de apoyar al sector financiero que -por cierto-, al anuncio de cada medida respondía con un displicente y público "no lo necesito" para a continuación imponer sus condiciones para aceptar las ayudas.
El gobierno justificaba ese "respeto" con el argumento de que tanto avales como inyecciones de liquidez no constituyen subvenciones. Los bancos defendían su decisión afirmando que su situación es distinta -mejor- que la de los bancos americanos y del resto de Europa.
Mientras, al Santander, que hace unos pocos meses aún alardeaba de que en 2008 alcanzaría unos beneficios de 10.000 millones de euros, le siguen estallando los problemas en pleno rostro uno tras otro. La repercusiones de Lehman Bros., Madoff, Fortis, RBS o el saneamieto de las adquisiciones realizadas durante la tormenta financiera internacional tendrán un efecto importante sobre la cuenta de resultados de la entidad. Otras entidades menos ambiciosas es probable que sufran un menor castigo, pero es casi imposible que alguna entidad española haya salido totalmente indemne de la crisis financiera.
Y queda todavía por digerir por parte del sector financiero patrio el problema de las deudas contraídas por promotoras y constructoras, que en conjunto ascienden a unos 450.000 millones de euros y que -fruto de la crisis inmobiliaria- previsiblemente acabarán suponiendo una pesada losa sobre las cuentas de resultados de bancos y cajas. Por su parte, las adversas perspectivas económicas indudablemente reducirán las posibilidades de negocio de las entidades, lastrando adicionalmente el crecimiento de sus resultados.
Por tanto, parece que una medida prudente sería eliminar o al menos reducir el dividendo y dedicar ese dinero a reservas que pudieran, en caso necesario, permitir afrontar futuros problemas de solvencia, o incrementar las posibilidades de concesión de créditos sin recurrir a fuentes externas.
Porque, incluso suponiendo que nuestro sistema financiero esté aún sano, es más que previsible que su supuesta buena salud no dure indefinidamente. Y mientras que para repartir lo que se guardó siempre hay tiempo (y que si no se reparte, cuando menos incrementa nuestra riqueza), dilapidar lo que pronto podria necesitarse no representa la opción mas conveniente.
A no ser que se cuente con la seguridad de que el dinero público acudirá cuando se necesite ; que se tenga el convencimiento de que al gobierno de turno -sea del color que sea- siempre se verá obligado a respetar uno de los principios básicos del capitalismo más liberal: "privatización de beneficios, socialización de pérdidas". O por emplear la expresión inglesa, "moral hazard" puro y duro
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